No le molestes ahora que se reproduce

Yo muchas veces sospecho que los biólogos de los departamentos de Evaluación de Impacto Ambiental y yo no hemos estudiado la misma carrera. Aparentemente tenemos la misma titulación, pero los conocimientos difieren sensiblemente. Me acaba de venir esta reflexión a la mente tras leer un artículo en el que el director de la obra de duplicación de la circunvalación de Arrecife, aseguraba que paralizarían los trabajos durante los meses de abril, mayo y junio para respetar la época de nidificación del chorlitejo patinegro. Me imagino que para toda la gente de bien, que haya leído hoy La Provincia, se habrá sentido reconfortado de saber que se salvaría esta especie amenazada, pero a mi la imagen que me ha venido a la cabeza es que el año que viene, alguno de esta gente de bien, atropellará a sus crías o incluso matarán a los adultos que han sido protegidos este año. Eso sí, habrán podido reproducirse un año más.

Está bastante extendida como medida correctora en las declaraciones de impacto ambiental de infraestructuras el incluir paradas biológicas durante la construcción allí dónde hay especies amenazadas. Pues bien, esto es una barbaridad.

De forma general no habría que hacer obras en época de reproducción en ningún lugar en el que puedan reproducirse animales ya que la destrucción de nidadas y camadas está prohibido por la ley, y en aquellos lugares en los que se reproduce una especie amenazada no debiera hacerse nunca la infraestructura, salvo raras excepciones en las que una vez construida no afecte a la calidad del hábitat ni a la vida de los ejemplares.

Efectivamente, las especies no crían cada vez en un lugar diferente, sino que tienden a hacerlo en aquellos lugares con hábitat adecuado para ellas. Es más, muchas especies tienen una enorme fidelidad a su territorio, por lo que tendrá la mima afección el año en el que se construye que en los siguientes años.

Así que por favor, biólogos de este país que os dedicáis a hacer estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental, prohibid directamente las obras en época reproductora que puedan suponer la destrucción de puestas de cualquier especie y no permitid la construcción de proyectos impactantes si lo que allí habita es una especie amenazada.

Mientras tanto cruzaremos los dedos por los pobres chorlitejos que tendrán que esquivar las ruedas de los coches.

Aprovechando la comunicación 2.0

Hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades que nos ofrece la interactividad de la comunicación 2.0. Ayer noche Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias, colgó en su Twitter (@PaulinoRivero) su balance de gobierno en 2010, situación que aproveché para solicitarle la revisión del catálogo canario de especies amenazadas.

En la siguiente imagen os reproduzco la conversación:

(pincha para verla más grande)

Si quieres saber más del conflicto del catálogo canario te remito a otra entrada de mi blog: La fauna canaria amenazada por sus políticos

La comunicación 2.0 nos permite a los ciudadanos una forma de llegar a nuestros dirigentes que nunca antes hemos tenido. Hay que aprovecharla.

Os recuerdo mi Twitter (@atienzajc) y mi FaceBook

Ataques a la Ley de Costas

En las últimas semanas se están produciendo furibundos ataques contra la Ley de Costas por parte de varios partidos políticos (CC, CIU y PP) y algunas comunidades autónomas como Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia. Estos partidos políticos han presentado iniciativas parlamentarias para modificar a través de otras leyes la Ley de Costas y así amnistiar construcciones que ocupan ilegalmente la costa (sigue los siguientes enlaces para ver alguna de estas iniciativas parlamentarias y presiones políticas: este y este).

La Ley obliga al Ministerio de Medio Ambiente a delimitar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), franja de terreno que es público y que no puede ser ocupado por ninguna construcción privada ya que los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 ya se ha deslindado el 97% de la costa Española.

Cualquier edificación privada del DPMT se trata de una ocupación ilegal y como tal debe ser restituida al Estado, al patrimonio de todos los españoles. El desarrollo urbanístico desordenado y lleno de corruptelas de nuestro país ha hecho que nos encontremos con numerosas ocupaciones de nuestra costa. El Ministerio tiene por lo tanto que, en cumplimiento de la Ley, restituir esos terrenos ocupados al Estado. Esto se hace de diversas formas, en algunos casos se ha optado por cesiones del uso de las construcciones por un tiempo determinado, por ejemplo 60 años, al cabo del cual la construcción pasa a manos del Estado (sobre todo en construcciones en las que vive gente que compró casas con licencias sin saber que no debieran tenerlas) y en otros por el desalojo y demolición (por lo general en los casos en los que los dueños de la edificación son los ocupantes originarios).

Por supuesto, el cumplimiento de esta Ley lleva a situaciones desagradables ya que en muchos casos hay que desposeer de viviendas a personas que llevan años ocupando el DPMT. Pero tenemos que tener claro que tras ese drama personal y/o económico se encuentra la ocupación de un suelo que es de todos los españoles. Evidentemente es mucho más barato ocupar un suelo público que comprar un terreno privado. A todo esto hay que añadir que en muchos casos, esta ocupación de DPMT se ha llevado a cabo con la connivencia de los ayuntamientos que han dado apariencia de legalidad a toda la operación.

Del Algarrobico a las pescaderías de San Javier

Una de los aspectos que se prestan a la polémica es si los diferentes gobiernos aplican con más ahínco la Ley en las comunidades gobernadas por otros partidos que a las gobernadas por el propio. Buen ejemplo de ello es el artículo publicado ayer mismo en La Razón titulado “Las comunidades del PP, castigadas por la Ley de Costas”. En este artículo un senador del PP defiende la permanencia de dos pescaderías que ocupan el DPMT en San Javier (Murcia) con la excusa que el Gobierno Socialista no ejecuta el derribo del Algarrobico en Almería. Pues bien, hay que ser claro, ambas construcciones son ilegales y deben ser derribadas y el DPMT recuperado. No podemos aceptar demagogias ni por un lado ni por el otro. No se pueden hacer demagogias ni aceptar amnistías de construcciones ilegales. Costa solo tenemos una y debemos conservarla para nuestros hijos.

Tribunales versus Parlamentos

Los gobiernos, dirigidos por el de Castilla y León, han descubierto que pueden burlar el control judicial aprobando leyes en los parlamentos que modifiquen las normas ambientales que les molestan. También han descubierto, que si lo hacen a propuesta de su grupo parlamentario en vez del propio gobierno pueden también de prescindir de la participación social. ¿Pero alguien pensaba que se saldrían con la suya?

Hoy ha hecho público Ecologistas en Acción que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido iniciar el procedimiento para elevar al Tribunal Constitucional una Cuestión de Inconstitucionalidad en relación a la Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias.

En este caso Coalición Canaria, socio en el Gobierno de Canarias, se ha inventado una ley que derogaba un decreto, el del catálogo de especies amenazadas, que le molestaba. Tanto les molestaba que por culpa de ese decreto un tribunal se atrevió a paralizarle las obras del Puerto de Granadilla.

Este mecanismo tal vez les funcione una o dos veces, pero a la postre ¿alguien piensa que los tribunales se van a dejar ningunear por unos cuantos gobiernos ingeniosos? No sería de extrañar que el Tribunal Constitucional pegue algún que otro revolcón a estos atrevidos gobiernos que quieren sobrevolar las leyes y así les haga volver a pisar el suelo y darse cuenta que las leyes también se escribieron para los políticos.

Premio Atila a los políticos canarios

Ecologistas en Acción ha hecho público este fin de semana pasado, con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, la concesión de los Premios Atila para distinguir a quienes a lo largo de un año han destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente.

En este caso recayó el Premio Atila 2010 a “los partidos políticos Coalición Canaria y Partido Popular de Canarias, por la aprobación del nuevo catálogo de especies protegidas de esa Comunidad, lo que supone una gravísima desprotección de la biodiversidad, en un contexto ambiental de gran riqueza y fragilidad. De las 4.000 especies descubiertas, el 22% son endémicas de Canarias, lo que dimensiona las consecuencias que puede acarrear está desprotección. Todo ello para desbloquear proyectos tan dañinos para el medio ambiente como el Puerto de Granadilla”.

A todo esto, el Consejero de Medio Ambiente de Canarias aseguró, en un comunicado publicado en la página web del Gobierno de Canarias, que la propuesta de catálogo aprobada en el Parlamento tenía una base científica y técnica ya que había sido realizada por los técnicos de la propia Consejería. Con ello quería defenderse de las críticas de haber descatalogado a un gran número de especies por criterios económicos y no técnicos. Pues bien, los propios trabajadores de la Consejería han desmentido al propio Consejero. Está claro que no se puede negar la evidencia, en esta ocasión los intereses económicos han podido a la razón y a la información científica que desde SEO/BrdLife, las universidades canarias y el CSIC se ha puesto sobre la mesa.

Solo queda pensar que la sociedad sabrá valorar a los políticos que defienden el patrimonio de los canarios, y a los que no lo hacen, y obrar en consecuencia cuando les toque elegir a sus representantes.

La fauna canaria amenazada por sus políticos

Esta semana pasada Coalición Canaria y el Partido Popular aprobaron, en las Cortes de Canarias, una ley con la que se descatalogan decenas de especies amenazadas. Probablemente, se trata del recorte más importante que se ha llevado a cabo en materia de conservación del medio ambiente en España desde la democracia.

Todo viene de los problemas que les produjo el hecho de tener catalogada un alga, la seba (Cymodocea nodosa), en la construcción del puerto de Granadilla. El primer paso que dio el Gobierno de Canarias fue eliminarla del catálogo canario de especies amenazadas por decreto, pero los tribunales anularon tal pretensión recordándoles que no se puede descatalogar una especie porque venga bien a unos intereses económicos o políticos sino que la descatalogación debía venir motivada por una mejora en el estado de conservación de la especie. Situación que no ocurre ya que la especie se encuentra en un estado de conservación preocupante y una de sus amenazas es justamente la construcción de puertos. Un buen ejemplo de ello es que tras la ampliación, en 2002, del muelle de Las Galletas (Tenerife) el sebadal asentado a la entrada del puerto se redujo en un 97% de su superficie.

A alguna mente preclara se le ocurrió que si descatalogaban la especie por Ley no podría ninguna ONG recurrir ante los tribunales (muerto el perro se acabó la rabia).Y ya que estaban, porqué solo descatalogar la seba si hay muchas especies que pueden ser un estorbo para los desarrollos económicos? Así que se quitaron de en medio todas ellas. Pues eso, una ley que reforma el catálogo canario de especies amenazadas y se acabó el problema ¿o no?

Tanto las ONG como la comunidad científica denunciaron la barbaridad de esta acción y los medios de comunicación se han hecho eco de ello, lo que sin duda habrá restado apoyo a los grupos que apoyaron la iniciativa legislativa. Pero además, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha anunciado que recurriría la Ley al Tribunal Constitucional.

Esto de aprobar recortes en la protección ambiental vía leyes está empezando a hacerse una costumbre en las Comunidades Autónomas. Es un camino preocupante que habrá que tomarse en serio. SEO/BirdLife y WWF ya han solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y al PSOE que analicen el tema y emprendan acciones legislativas que limiten estos abusos de poder.

Recientemente una responsable de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea me decía que es necesario hacer más educación ambiental en los colegios para que los ciudadanos sepan lo que es la biodiversidad. Yo le comenté que me conformaba con que lo supiesen nuestros representantes políticos. Creo que ella en ese momento no me entendió, pero seguro que hoy pensará más como yo.