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De reyes magos, de planes de recuperación y de alondras ricotí

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Ayer les pedí a los reyes magos, vía Twitter, que las comunidades autónomas aprobasen, tal y como obliga la ley, los planes recuperación de las especies amenazadas antes de que se extingan y que aprueben los planes de recuperación de los espacios protegidos antes de que pierdan su valor.



Esta mañana, me levanté con cuidado de no pisar ningún excremento de dromedario, para ver si había sido lo suficientemente bueno, y sus mágicas majestades habían accedido a mi demanda. Hoy día 6 no se ha publicado ningún boletín oficial, así que habré de esperar hasta mañana para estar seguro, pero creo que no se ha cumplido mi deseo.

Por el contrario, me dejaron una bella reproducción de una alondra ricotí. Tal vez, lo han hecho para recordarme que la alondra ricotí se extinguió de Cataluña sin que se aprobase su plan de recuperación y que en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia va por el mismo camino.

Las Comunidades Autónomas tienen la obligación de establecer medidas para la conservación de todas las aves silvestres desde 1986 y de aprobar planes de recuperación desde 1989. La Ley de Patrimonio Natural de 2007 dio un plazo de gracia hasta diciembre de 2010 que ninguna comunidad autónoma cumplió.

¿Cuándo se extinga una especie de una comunidad autónoma quién será el responsable? Los ciudadanos deberemos pedir explicaciones a Jordi Pujol, Pasqual Maragall y a José Montilla por la extinción de la Ricotí o habremos de pedírselas a sus Consejeros. Los juristas nos dirían que a la Generalitat. La realidad es que es un patrimonio que hemos perdido a manos de la desidia de nuestros gobernantes y de la voracidad y egoísmo de promotores y agricultores.

Feliz día de Reyes.

Ataques a la Ley de Costas

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En las últimas semanas se están produciendo furibundos ataques contra la Ley de Costas por parte de varios partidos políticos (CC, CIU y PP) y algunas comunidades autónomas como Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia. Estos partidos políticos han presentado iniciativas parlamentarias para modificar a través de otras leyes la Ley de Costas y así amnistiar construcciones que ocupan ilegalmente la costa (sigue los siguientes enlaces para ver alguna de estas iniciativas parlamentarias y presiones políticas: este y este).

La Ley obliga al Ministerio de Medio Ambiente a delimitar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), franja de terreno que es público y que no puede ser ocupado por ninguna construcción privada ya que los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 ya se ha deslindado el 97% de la costa Española.

Cualquier edificación privada del DPMT se trata de una ocupación ilegal y como tal debe ser restituida al Estado, al patrimonio de todos los españoles. El desarrollo urbanístico desordenado y lleno de corruptelas de nuestro país ha hecho que nos encontremos con numerosas ocupaciones de nuestra costa. El Ministerio tiene por lo tanto que, en cumplimiento de la Ley, restituir esos terrenos ocupados al Estado. Esto se hace de diversas formas, en algunos casos se ha optado por cesiones del uso de las construcciones por un tiempo determinado, por ejemplo 60 años, al cabo del cual la construcción pasa a manos del Estado (sobre todo en construcciones en las que vive gente que compró casas con licencias sin saber que no debieran tenerlas) y en otros por el desalojo y demolición (por lo general en los casos en los que los dueños de la edificación son los ocupantes originarios).

Por supuesto, el cumplimiento de esta Ley lleva a situaciones desagradables ya que en muchos casos hay que desposeer de viviendas a personas que llevan años ocupando el DPMT. Pero tenemos que tener claro que tras ese drama personal y/o económico se encuentra la ocupación de un suelo que es de todos los españoles. Evidentemente es mucho más barato ocupar un suelo público que comprar un terreno privado. A todo esto hay que añadir que en muchos casos, esta ocupación de DPMT se ha llevado a cabo con la connivencia de los ayuntamientos que han dado apariencia de legalidad a toda la operación.

Del Algarrobico a las pescaderías de San Javier


Una de los aspectos que se prestan a la polémica es si los diferentes gobiernos aplican con más ahínco la Ley en las comunidades gobernadas por otros partidos que a las gobernadas por el propio. Buen ejemplo de ello es el artículo publicado ayer mismo en La Razón titulado “Las comunidades del PP, castigadas por la Ley de Costas”. En este artículo un senador del PP defiende la permanencia de dos pescaderías que ocupan el DPMT en San Javier (Murcia) con la excusa que el Gobierno Socialista no ejecuta el derribo del Algarrobico en Almería. Pues bien, hay que ser claro, ambas construcciones son ilegales y deben ser derribadas y el DPMT recuperado. No podemos aceptar demagogias ni por un lado ni por el otro. No se pueden hacer demagogias ni aceptar amnistías de construcciones ilegales. Costa solo tenemos una y debemos conservarla para nuestros hijos.