En las últimas semanas se están produciendo furibundos ataques contra la Ley de Costas por parte de varios partidos políticos (CC, CIU y PP) y algunas comunidades autónomas como Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia. Estos partidos políticos han presentado iniciativas parlamentarias para modificar a través de otras leyes la Ley de Costas y así amnistiar construcciones que ocupan ilegalmente la costa (sigue los siguientes enlaces para ver alguna de estas iniciativas parlamentarias y presiones políticas: este y este).
La Ley obliga al Ministerio de Medio Ambiente a delimitar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), franja de terreno que es público y que no puede ser ocupado por ninguna construcción privada ya que los bienes del dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 ya se ha deslindado el 97% de la costa Española.
Cualquier edificación privada del DPMT se trata de una ocupación ilegal y como tal debe ser restituida al Estado, al patrimonio de todos los españoles. El desarrollo urbanístico desordenado y lleno de corruptelas de nuestro país ha hecho que nos encontremos con numerosas ocupaciones de nuestra costa. El Ministerio tiene por lo tanto que, en cumplimiento de la Ley, restituir esos terrenos ocupados al Estado. Esto se hace de diversas formas, en algunos casos se ha optado por cesiones del uso de las construcciones por un tiempo determinado, por ejemplo 60 años, al cabo del cual la construcción pasa a manos del Estado (sobre todo en construcciones en las que vive gente que compró casas con licencias sin saber que no debieran tenerlas) y en otros por el desalojo y demolición (por lo general en los casos en los que los dueños de la edificación son los ocupantes originarios).
Por supuesto, el cumplimiento de esta Ley lleva a situaciones desagradables ya que en muchos casos hay que desposeer de viviendas a personas que llevan años ocupando el DPMT. Pero tenemos que tener claro que tras ese drama personal y/o económico se encuentra la ocupación de un suelo que es de todos los españoles. Evidentemente es mucho más barato ocupar un suelo público que comprar un terreno privado. A todo esto hay que añadir que en muchos casos, esta ocupación de DPMT se ha llevado a cabo con la connivencia de los ayuntamientos que han dado apariencia de legalidad a toda la operación.
Del Algarrobico a las pescaderías de San Javier
Una de los aspectos que se prestan a la polémica es si los diferentes gobiernos aplican con más ahínco la Ley en las comunidades gobernadas por otros partidos que a las gobernadas por el propio. Buen ejemplo de ello es el artículo publicado ayer mismo en La Razón titulado “Las comunidades del PP, castigadas por la Ley de Costas”. En este artículo un senador del PP defiende la permanencia de dos pescaderías que ocupan el DPMT en San Javier (Murcia) con la excusa que el Gobierno Socialista no ejecuta el derribo del Algarrobico en Almería. Pues bien, hay que ser claro, ambas construcciones son ilegales y deben ser derribadas y el DPMT recuperado. No podemos aceptar demagogias ni por un lado ni por el otro. No se pueden hacer demagogias ni aceptar amnistías de construcciones ilegales. Costa solo tenemos una y debemos conservarla para nuestros hijos.
5 comentarios:
Totalmente de acuerdo, hay que seguir batallando para la defensa de una de las pocas normas decentes que existen para la protección de los bienes públicos.
En 1988 se cambió la definición de "DPMT". Con la definición original, nuestra casa fue legalmente construida fuera de la DPMT.
Después del cambio de definición de DPMT la casa ahora está dentro el DPMT.
No se puede expoliar nuestro derecho de propiedad sin dar compensación razonable.
La concesión no es razonable.
Eso es un aplicación retroactiva de la ley de costas.
Estamos condenados a morir en la playa porque no podemos cambiar de casa.
En el caso de la Ley de Costas es el mismo Gobierno Central Español el que no respeta la legalidad de las propiedades. Se están confiscando y derribando las viviendas legales sin compensación justa y en base a una Ley de Costas que contempla su aplicación con retroactividad, con abuso de poder y arbitrariedad provocando indefensión.Se impone una modificación rigurosa de la ley porque se ha demostrado que siguen haciendo planes urbanísticos, hoteles de lujo y en el Caso Casbah en El Saler de Valencia, ignorar que debido a la ampliación del puerto podrían desaparecer las viviendas legales y las playas de la Zona Sur Ej. playa Garrofera. El delito ECOLÓGICO moral y patrimonial que ha hecho la Demarcación de Costas por no exigir su Jefa Lidia Pérez las medidas correctoras,que hubiera evitado este devastador daño. Si hubiera una Ley con sentido común,sin efecto retroactivo y que vigilase la arbitrariedad del funcionario al hacer los deslindes,y en caso de Casbah encargados "a medida" a la empresa pública Tragsatec , sin rigor científico.y Copyright donde les ha parecido para justificar una decisión tomada de antemano, no sucediran estos abusos de poder.Proteger el litoral lo deseamos todos, pero lo que es injusto e indigno de un país llamado España que pertenece a la U.E. es haber dejado a miles de ciudadanos europeos sin su propiedad legal y permitiendo construir Villa PSOE en un entorno paradisiaco en Arosa (Galicia). ¡¡ Esto es la protección del litoral
que entiende el Gobierno del Sr. Zapatero !!
Creo que el artículo publicado no es veraz, a lo largo de semanas meses y años, se están produciendo furibundos ataques contra muchos muchisimos propietarios legales que compraron con todas las normas, leyes y leyecitas sus casas próximas a las playas, (playa de la Garrofera, El Saler) pero por desgracia diferentes personajillos del Gobierno Central sacan Leyes que en ese momento les interesan para, según dicen recuperar la costa,y que sea de todos los españoles, la costa siempre la hemos disfrutado todos, siempre que nos lo han permitido los políticos, digo, ya que ahora a pesar que pregonan que quieren preservarla, no lo hacen y están dejando en total abandono muchas partes de España, solo por la venganza de que no es su partido el que Gobierna en esa zona. La playa de la Garrofera está totalmente inaccesible, deshecho su paseo, no existe playa y además de que no les interesa para nada arreglarla, este invierno el mar se ha llevado parte de su arena, y la otra por si fuera poco lo que había pasado, la demarcación de costas cada día extraia 80 camiones llenos de arena para otras playas y nos dejaban ésta totalmente deteriorada. La Jefa de Servicio de la Demarcación de Costas Lidia Pérez para verguenza del Ministerio, ha comentado a los vecinos que residen en su proximidad (Casbah) que se protejan ellos mismo, no parece que tenga ningún interes que el beneficio que dicen que deben disfrutar todos los valencianos sea así en este entorno que además está tan próximo a la Albufera de Valencia, al final esos politicos van a conseguir que desaparezca el parque natural con tal de fastidiar a los valencianos. Cuando se darán cuenta que hay que reparar y mejorar las playas y dejar de ser tirachaquetas de sus Jefes. A la Administración la mantienen sus propios administrados y ellos lo han olvidado han olvidado que su obligación es mejorar no destrozar
Aqui en Cantabria también hay una ofensiva contra la ley de costas, salimos a defenderla a principios de año
http://www.seo.org/programa_noticia_ficha.cfm?idPrograma=16&idArticulo=4505
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