Participación poco pública




Hoy difunde Europa Press que el Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo de los aragoneses) apremia al Gobierno de Aragón a permitir el acceso de los documentos públicos por Internet (pincha aquí para ver la noticia).

Lo cierto es que hay varias leyes que dan el derecho a los ciudadanos a opinar sobre anteproyectos de Ley y a planes y proyectos que puedan tener un importante impacto ambiental, pero ese derecho no sirve de nada ya que casi nadie sabe que tiene ese derecho y pocos lo ejercen.

Un día, por curiosidad, pregunté a diez personas que pasaban por la calle si sabían en qué consistía el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y si sabían que tenían derecho a alegar. Por supuesto nadie tenía ni idea. La mayoría lo confundían con los planes de prevención de riesgos laborales, no me pregunten porqué.

Está claro que hace falta campañas mediáticas importante que informen a los ciudadanos de los derechos que tienen y la forma en la que pueden participar.

Actualmente, para enterarse si hay algún proyecto que afecte al medioambiente de nuestro pueblo es necesario leerse al menos tres boletines oficiales, el de España, el de nuestra comunidad autónoma y el de la provincia, ya que nunca sabemos dónde va a salir anunciado. Otra posibilidad es ir todos los días a nuestro ayuntamiento a preguntar si han recibido alguna notificación y confiar en que lleven estos temas al día. Una vez que nos hemos enterado de que nos interesa hacer alegaciones a un proyecto es necesario ir a la sede de órgano sustantivo, algunas veces en otra provincia, en horario de funcionario para consultarlo in situ. En muchos casos no nos dejarán ni siquiera hacer fotocopias del mismo. Con todo eso deberemos hacer nuestro escrito, como Dios nos dé a entender, y llevarlo a un registro oficial.

Una vez llegado a este punto de esta entrada es probable que ya estés desanimado y pienses que no se puede hacer nada para cambiarlo, pero tranquilo, si hay soluciones.

En algunos países como en Suiza se llevan a cabo audiencias públicas en los pueblos afectados. En esas audiencias hay un funcionario público que explica cómo funciona la audiencia y los derechos que asisten a todos los vecinos que acuden a la misma. Luego el promotor explica su proyecto y se le da la palabra a los vecinos. Un funcionario levanta un acta con todas las apreciaciones de los vecinos que la firman al finalizar la audiencia. Todos los vecinos firmantes se consideran partes interesadas y se les informa al finalizar el procedimiento la decisión definitiva y de qué manera se tuvieron en cuenta sus alegaciones.

Tal vez eso sea un poco complicado en España, pero no hay razón para que no se pueda colgar la información en Internet (los proyectos enteros) y haya sistemas automáticos que te avisen a tu correo electrónico que hay un proyecto que potencialmente te interesa. Tampoco es tan complicado que las administraciones publiquen pequeños manuales que expliquen al ciudadano cómo es la mejor forma de hacer una alegación. Tampoco estaría mal que el periodo de información pública de los proyectos más impactantes se anuncien en los periódicos de más difusión o en la radio.

Bueno, que los derechos en el papel están bien para decorar nuestra democracia, pero los derechos que se ejercen son los verdaderamente importantes.

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