Los gobiernos, dirigidos por el de Castilla y León, han descubierto que pueden burlar el control judicial aprobando leyes en los parlamentos que modifiquen las normas ambientales que les molestan. También han descubierto, que si lo hacen a propuesta de su grupo parlamentario en vez del propio gobierno pueden también de prescindir de la participación social. ¿Pero alguien pensaba que se saldrían con la suya?
Hoy ha hecho público Ecologistas en Acción que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido iniciar el procedimiento para elevar al Tribunal Constitucional una Cuestión de Inconstitucionalidad en relación a la Ley del Catálogo de Especies Protegidas de Canarias.
En este caso Coalición Canaria, socio en el Gobierno de Canarias, se ha inventado una ley que derogaba un decreto, el del catálogo de especies amenazadas, que le molestaba. Tanto les molestaba que por culpa de ese decreto un tribunal se atrevió a paralizarle las obras del Puerto de Granadilla.
Este mecanismo tal vez les funcione una o dos veces, pero a la postre ¿alguien piensa que los tribunales se van a dejar ningunear por unos cuantos gobiernos ingeniosos? No sería de extrañar que el Tribunal Constitucional pegue algún que otro revolcón a estos atrevidos gobiernos que quieren sobrevolar las leyes y así les haga volver a pisar el suelo y darse cuenta que las leyes también se escribieron para los políticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario